El Súper RIGI y la reforma de la Ley de Sociedades pueden cambiar qué controla, qué cobra y qué decide cada gobierno local. Esta página reúne los puntos críticos para intendencias y concejos deliberantes.
10 puntos críticos para municipios
Qué cambia para las tasas, la autonomía y la capacidad de control de cada municipio si se aprueban el Súper RIGI y la reforma de la Ley de Sociedades.
El régimen prohíbe que los municipios apliquen a los proyectos adheridos tasas calculadas sobre ventas, ingresos brutos o parámetros equivalentes.
Por qué importa: Esto afecta particularmente tasas como Seguridad e Higiene cuando su base imponible está vinculada a la facturación. En el régimen general las tasas municipales aplican; en el RIGI original quedan sujetas a las decisiones de adhesión; en el Súper RIGI quedan prohibidas sobre ventas.
El proyecto limita la capacidad de crear o incrementar gravámenes locales y preserva esencialmente las tasas correspondientes a servicios específicos, concretos e individualmente prestados.
Por qué importa: Además, considera “nuevo gravamen” ciertas modificaciones posteriores al 31 de diciembre de 2025 que aumenten la carga fiscal. Esto reduce mucho el margen del municipio para adaptar su esquema tributario ante la llegada de una inversión a escala.
Estamos hablando de proyectos de al menos US$1.000 millones, potencialmente data centers, plantas industriales, baterías, hidrógeno, semiconductores, etc.
Por qué importa: Su instalación puede demandar más infraestructura vial, ordenamiento urbano, gestión de residuos, seguridad, bomberos, agua, controles ambientales, vivienda y servicios públicos. Sin embargo, simultáneamente se restringe la capacidad municipal de financiar estos costos mediante tributos asociados a la actividad económica generada.
El Congreso nacional establece condiciones que terminan restringiendo potestades fiscales provinciales y municipales durante la adhesión.
Por qué importa: De hecho, críticas legislativas provinciales ya plantearon específicamente que la prohibición de tasas de inspección, seguridad e higiene basadas en ventas implica un avance sobre la legislación tributaria municipal.
El problema no es sólo cuánto recauda hoy el municipio, sino cuánto margen pierde hacia adelante.
Por qué importa: Los proyectos reciben estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años. Esto es especialmente problemático a escala territorial: en tres décadas una localidad puede transformarse completamente alrededor de una inversión, pero su capacidad para modificar las condiciones fiscales aplicables al proyecto queda fuertemente condicionada.
Un comercio, una pyme o una industria ya instalada continúa pagando las tasas municipales ordinarias mientras un proyecto de más de US$1.000 millones obtiene un tratamiento extraordinariamente favorable.
Por qué importa: El Súper RIGI, además, combina esa ventaja municipal con Ganancias al 15%, exención de Sellos, techo de 0,5% en Ingresos Brutos, importaciones con arancel cero y derechos de exportación cero.
El artículo 14 de la Ley General de Sociedades, también en tratamiento en el Senado, permite que un proyecto adherido al Súper RIGI (un data center, una planta de baterías, un polo de semiconductores) se estructure como una sociedad que opera mediante algoritmos o agentes de inteligencia artificial, sin trabajadores en relación de dependencia.
Por qué importa: La sociedad responde con su patrimonio, pero el texto no define con claridad cuándo corresponde, además, responsabilidad personal del administrador o del diseñador del sistema. Para el municipio, esto significa no saber con certeza a quién reclamar si un sistema autónomo provoca un daño ambiental o un corte de servicio.
El legajo digital que crea la reforma societaria (artículo 7) es público pero no incluye datos económicos ni financieros, y el remedio frente al uso abusivo de la personalidad jurídica (artículo 3) queda encuadrado como excepcional y de aplicación restrictiva.
Por qué importa: Para un municipio que negocia con una inversión de US$1.000 millones, esto implica menos herramientas para verificar de antemano qué patrimonio real respalda al proyecto y quién es su beneficiario final, justo en figuras como la Sociedad Automatizada donde esa información resulta más difícil de reconstruir después de ocurrido un daño.
Los artículos 258 a 263 crean la Organización Autónoma Descentralizada (DAO), un tipo societario cuya gobernanza puede operar mediante un protocolo tecnológico y participaciones representadas en tokens.
Por qué importa: La ley exige un representante legal humano, pero ese representante puede carecer, en los hechos, de control efectivo sobre decisiones que el protocolo ejecuta de forma automática. Si un proyecto de infraestructura crítica adopta esta figura, el municipio enfrenta una estructura de decisión distribuida entre actores dispersos, con reglamentación de la IGJ y de la CNV que, a la fecha, todavía no existe.
Ambos proyectos avanzan en paralelo, en la misma comisión del Senado y bajo el mismo impulso oficial.
Por qué importa: Si el vehículo de un proyecto adherido al Súper RIGI es una Sociedad Automatizada o una DAO, un daño causado por un sistema autónomo no solo enfrenta responsabilidad difusa: además, cualquier disputa debe resolverse ante un tribunal arbitral internacional, fuera de la Argentina, con 30 años de estabilidad normativa de por medio. No es hipotético: en octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron un data center en la Patagonia por hasta US$25.000 millones.
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